Según indicaban esta misma mañana en rueda de prensa los ediles populares María Luisa Ceballos y Javier Ibáñez, siete meses y medio después de producirse la suspensión y una vez que la mediación entre empresa y afectados no ha dado el resultado esperado, la única forma de recuperar el importe de las localidades es mediante una resolución judicial, lo que obligaría a la Dirección General de Juegos y Espectáculos de la Junta a ejecutar esa garantía.
En este sentido, Javier Ibáñez indicaba que desde el PP, “estamos convencidos de que el equipo de gobierno debería ser el que se pusiera al frente de este asunto, como así le hemos pedido desde el PP tanto en los Plenos como por escrito”.
Como afirmaba Ibáñez, “el esquipo de gobierno hablaba del seguro de responsabilidad civil que tenía la plaza y que en ningún caso cubre la devolución de las entradas”, indicando que el tiempo pasa y que desde el PP, “hemos decidido dar un paso al frente y trabajar en esa devolución de las entradas”.
En este sentido, Ceballos reiteraba que tanto en los Plenos como por escrito, “hemos solicitado información sobre todo lo que se estaba haciendo y el desarrollo de la gestión, de las empresas que habían ofertado en un primer momento la gestión de la plaza”, recordando que en su día se denunció la falta de transparencia en la adjudicación de la empresa, “obviando en todo momento el asesoramiento de la Comisión Taurina, a la que ni siquiera se consultó”.
Según Ceballos, “nos encontramos ante un tema jurídico, aunque el Ayuntamiento ha decidido informar a los más de 250 afectados, mediante la OMIC, un trámite que es de reclamación, que es legítimo, pero que en el mismo momento que la empresa no responde a todas y cada una de las personas que han presentado esta reclamación, tiene un procedimiento que es la mediación y el arbitraje”.
Procedimiento que como matizaba viceportavoz popular y candidata a la Alcaldía prieguense, “o bien la empresa se adhiere por escrito, o de forma voluntaria entra en mediación”, aunque como advertía, “una empresa que no da la cara al día siguiente, que se va y deja atrás a 250 personas creando una situación de inseguridad de cara al futuro, nos tememos que no optará por la mediación”.
Siete meses y medio después de producirse los hechos, Ceballos afirmaba que, “ha sido tiempo suficiente para dar un siguiente paso, que es hacer uso de la fianza obligatoria, por un importe de 25.000 euros, que el reglamento taurino obliga a las empresas a depositar”. Cantidad con la que, como así puntualizaba la edil, “se cubrirían los aproximadamente 20.000 euros que la empresa adeuda a los aficionados que adquirieron su localidad de manera anticipada”.
Pero si no hay mediación, Ceballos afirmaba que la única forma de hacerlo, “es mediante una resolución judicial, que obliga a la Dirección General a ejecutar esa garantía”.
Para ello, la viceportavoz popular anunciaba que el PP pondrá a disposición de los afectados el procedimiento correspondiente, que se llama monitorio, una reclamación que no necesita ni abogado ni procurador y que se puede hacer de varias formas. La primera, descargando directamente el formulario de la web del Consejo General del Poder Judicial y cumplimentándolo y presentándolo personalmente en el Juzgado, adjuntando las entradas así como la reclamación presentada en la OMIC, sin necesidad de abogado ni procurador.
Para facilitar estos trámites, Ceballos adelantaba que el PP abrirá su sede todos los días, de 11:30 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, ayudando y asesorando a los afectados que así lo estimen oportuno en la realización de esta reclamación, que posteriormente deberán presentar personalmente en el Juzgado de Priego.
Así, Ceballos afirmaba que en el momento que se dicta la declaración de la deuda, “se puede solicitar la ejecución de la fianza”, advirtiendo que la Dirección General de Juegos y Espectáculos de la Junta de Andalucía debe sancionar a esta empresa por lo ocurrido, con carácter grave, como así se recoge en el reglamento taurino.
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